Panamá 16 de noviembre de 2023
Panamá, uno de los países más desarrollados dentro del sector financiero de Latinoamérica, en octubre y noviembre de este año, se ha visto afectado por una crisis social debido a una ley minera de aprobación expedita que previamente llevó a la sociedad civil a presentar una demanda en 2009.
La resolución y nueva contratación con nuevos términos y condiciones, 14 años después en 72 horas, desencadenó una crisis social que involucra temas de soberanía, consecuencias ambientales y tensiones políticas y sociales que establecieron cierres de las calles principales del país que no permiten la movilización de productos ni personas, impactando directamente la micro y pequeña empresa, causando una repercusión en el sector de las microfinanzas.
Nuestras cifras nos dicen que en base a la cartera de créditos agregada del sector luego de registrar constantes fluctuaciones después de la pandemia (2020 – 2021), alcanzó a diciembre 2022 su monto más alto de USD 336.0 millones.
En contraste, el indicador del total de número de préstamos finalizó el último trimestre analizado con su valor más bajo de 61,680 préstamos los cuales se verán afectado en su gran mayoría. Con estas perspectivas, el cierre de año durante el cual esperábamos un 100% de recuperación para el sector más golpeado luego de la pandemia, surtiría efectos aún más negativos.
Nuestras estimaciones son que en Panamá por cada microempresa se emplean de manera informal en promedio 2 personas, lo que representa aproximadamente 870,000 personas. Tomemos en cuenta que estudio de nuestras afiliadas, arrojan que aproximadamente una de cada cinco personas está en condición de pobreza en Panamá y que, de estas, cerca de la mitad experimentan carencias simultáneas en todo el país. Al implementar una medida de protesta reduciendo la movilidad de los panameños, la micro y pequeña empresa se encuentra en un estado frágil.
Por todo lo anterior la Red Panameña de Microfinanzas y sus Afiliadas, reconoce el derecho a la protesta pacífica sin embargo nos manifestamos a favor de que todos los sectores económicos del país debemos priorizar la estabilidad y la prosperidad de todos los panameños y en consecuencia, en contra del cierre total del país ya que con estas medidas estamos causando un impacto negativo al país y sobre todo al sector de la microfinanzas que es parte del motor principal de la economía de la República de Panamá.